Intervención de las comunicaciones telefónicas de investigados

Sobre el pinchazo telefónico realizado por la policía, la Constitución Española garantiza el secreto de las comunicaciones en el artículo 18.3. Es un derecho fundamental que también obtiene la protección de la DUDH y el CEDH.

pinchazo telefónico

Las autoridades públicas deben abstenerse de injerencias en la vida privada y familiar, en el domicilio, las comunicaciones y la correspondencia salvo en los casos previstos en la ley. Pero este no es un derecho que tenga carácter absoluto. Legalmente se pueden adoptar medidas que limitan y restringen este derecho al secreto de las comunicaciones. Hablamos de situaciones en las que es necesario salvaguardar la seguridad nacional, la seguridad pública, para la prevención del delito o para proteger los derechos y libertades de los demás.

Por lo tanto, partimos de que la primera premisa es que haya una habilitación legal para restringir este derecho fundamental. Esta habilitación, depende de cada caso concreto y de los datos existentes en la investigación.

Es fundamental tener en cuenta que la medida que restrinja este derecho es proporcional al fin pretendido. O sea, que limitar el derecho al secreto de las comunicaciones de un investigado se lleva a cabo cuando el fin perseguido legítimo y la medida es proporcional al fin pretendido.

Proporcionalidad por encima de todo

Esta palabra, –proporcional– es la más importante. Además, esta palabra es un concepto a interiorizar ya que gira en torno a cualquier trabajo policial. En el caso de la intervención telefónica es el juez de instrucción el que en función de las circunstancias de la investigación y los hechos que la rodean valorará si la medida es proporcional.

Para ello, en el caso de que la medida sea solicitada por la policía, esta deberá motivar la petición en función de la gravedad del delito, los indicios hallados sobre su existencia y la necesidad de la medida. Todos estos datos serán valorados por el juez de instrucción. En su caso, si lo estima oportuno, ordenará la intervención de las comunicaciones del investigado mediante resolución judicial.

Requisitos

La decisión del juez sobre el pinchazo telefónico en un caso concreto tiene en cuenta los siguientes aspectos:

  1. Proporcionalidad. Se debe tratar de un delito grave. Ya no solo por su pena sino además por la transcendencia social del delito.
  2. Especialidad. La intervención no puede ser prospectiva. No se puede intervenir las comunicaciones de un investigado con el fin de observar su conducta y vida privada. El pinchazo telefónico debe estar relacionado con la investigación de un delito concreto con una suficiente identificación del sospechoso. Esto no significa que solo se puedan intervenir los teléfonos de los presuntos autores de un delito grave sino que también puede observarse líneas telefónicas que estén vinculadas con ellos.
  3. Necesidad, excepcionalidad e idoneidad. Las investigaciones deben adoptar las medidas menos gravosas para los derechos fundamentales del investigado. Cuando hablamos de la intervención telefónica estamos hablando de la restricción del derecho al secreto de las comunicaciones y por lo tanto solo se debe adoptar cuando no hay otras medidas menos gravosas posibles.

Acordada la medida la policía contará con un plazo de duración inicial durante el cual deberá informar al juez del estado y resultado de la investigación. Este control judicial de la medida se lleva a cabo durante toda la intervención telefónica e implica que el juez debe supervisar la ejecución y el desarrollo de la misma.

La solicitud policial

Como te he comentado anteriormente, la resolución dictada por el juez de instrucción se basa en una valoración de la situación en conjunto más una valoración de los intereses en conflicto. El juez, para autorizar la medida, se va a preguntar si esta es proporcional, necesaria, idónea, etc.

Por lo tanto, la policía en su solicitud debe argumentar, mediante la aportación de datos de calidad, de forma consistente y razonada . No vale con afirmar, sin una fundamentación suficiente, que supuestamente existe un delito grave que se trata de investigar por muy punible que sea.

No podemos ir al juzgado a solicitar al juez que restrinja un derecho fundamental en base a un acto de fe. Esto tampoco significa que se deba aportar todo un cuadro probatorio contra el investigado. En cualquier caso, sí hay que poner a disposición del juez los elementos que han llevado a la policía en su investigación a afirmar la existencia del hecho del delito y la participación del presunto autor. Y siempre, detallando en lo posible, en qué ha consistido esa investigación y cómo se ha llegado a esas conclusiones.