El término eco-terrorismo es uno de los temas más controvertidos dentro del debate público actual en relación al medio ambiente. A pesar de que no existe una definición legalmente aceptada de lo que significa el terrorismo en general, menos aún se ha establecido una definición clara para el término eco-terrorismo. Por consiguiente, la catalogación de acciones como tales depende del país y momento en el que se produzcan. Para tratar de establecer un marco de referencia para el presente artículo, se tomará como base la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo de la Unión Europea. Partiendo de la definición que esta Decisión marco hace de terrorismo, se podría afirmar que cualquier acción que pueda ser catalogada como delito terrorista y que esté relacionada con el cambio climático, la ecología, la liberación animal, la protección natural u otras circunstancias análogas podría ser considerada como eco-terrorismo. En este artículo, se explorará en profundidad este fenómeno, sus orígenes, sus motivaciones y sus posibles implicaciones.

Origen del término «ecoterrorismo»

La palabra eco-terrorismo fue utilizada por primera vez de manera oficial en 1982 en la revista libertaria Reason por Ron Arnold, un escritor que se oponía al movimiento ambientalista o en defensa del medio ambiente. En su artículo titulado “Eco-terrorism”, afirma que los “extremistas medioambientales han declarado la guerra a los desarrolladores de recursos y el ecologismo dominante permanece en silencio”.

incendio ecoterroristas
El incendio provocado en 1998 de una estación de esquí de Colorado atrajo la atención internacional hacia los ecoterroristas.

Arnold relata varios casos, ocurridos entre 1981 y 1982, en los que activistas habían atacado mediante explosivos distintas industrias en nombre de la protección del medio ambiente. Estos hechos fueron catalogados por la policía como “ecotage”, término proveniente de la unión de ecología y sabotaje, ya
conocido por aquella época en España donde habían comenzado a surgir partidarios de pequeñas acciones saboteadoras similares a las estadounidenses pero de menor intensidad.

Según Ron Arnold (1983), dichos actos deberían ser considerados ataques ecoterroristas y, de alguna forma, las autoridades deben referir las acciones y sus investigaciones bajo esta nomenclatura. Pasados los años, estas acciones dejan de ser actos aislados de sabotaje para convertirse hoy en día en la mayor amenaza de terrorismo autóctono para Estados Unidos en nuestros días.

El surgimiento del término eco-terrorismo para señalar estas acciones no ha estado exento de conflicto ya que por su parte, los activistas que cometen estas acciones, o quienes les apoyan, ponen sobre la mesa que si ellos son llamados eco-terroristas, cómo deberían ser llamados aquellos que contaminan aguas, vierten productos o contaminan el aire.

ecoterrorismo

Una palabra arrojadiza

Al fin y al cabo la palabra eco-terrorismo no se encuentra tipificada, como tal, en ninguna ley. Por lo tanto ¿quién es el eco-terrorista?

El prefijo “eco” en la tan manida palabra terrorismo no ha ayudado a consensuar una definición precisa sobre el término. Dependiendo del contexto en el que nos encontremos, la batalla dialéctica siempre dará lugar a estas peleas por adjudicarle al otro la faceta terrorista con un sentido político y despertar de
alguna forma el posicionamiento y un cierto efecto en la psicosis colectiva. Actualmente la palabra terrorismo se emplea en multitud de contextos: terrorismo machista, terrorismo religioso, terrorismo racista, ciberterrorismo, anarcoterrorismo, terrorismo suicida, terrorismo yihadista, terrorismo de estado,
terrorismo medioambiental, terrorismo fascista, terrorismo comercial, terrorismo mediático; y también, como es el caso que nos ocupa, oímos hablar de eco-terrorismo que no deja de ser un neologismo que no cuenta con una definición académica consensuada.

Para poder seguir avanzando y aproximándonos a la definición de eco-terrorismo desde un punto de vista más jurídico que social vamos a dejar de lado la historia del término terrorismo, la disputa ideológica y
su conquista en la contienda política.

Centrándonos en la acción terrorista, más tangible que mediática, podemos advertir que su peligro no conoce fronteras, es una de las principales amenazas a la seguridad de cualquier país. Para la Unión “los actos terroristas constituyen una de las violaciones más graves de los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y el disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales” (Directiva (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el
terrorismo., 2017)

Para estudiar el impacto que el terrorismo tiene en nuestro entorno más próximo, la Oficina Europea de Policía (EUROPOL) elabora anualmente el informe TESAT, sobre la situación y tendencias del terrorismo. En dichos informes define, ajustándose a la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, los delitos terroristas
como aquellos actos intencionados graves cometidos con alguno de los siguientes objetivos (TE-SAT, 2010):

  • Intimidar seriamente a la población.
  • Obligar a un gobierno u organización internacional a realizar o abstenerse
    de realizar un acto.
  • Desestabilizar seriamente o destruir la política constitucional, económica
    o social y las estructuras de un país o una organización internacional.

Estos hechos intencionados graves cometidos con unos objetivos concretos
fueron retocados por la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del
Consejo con la intención de aproximar la definición de delitos de terrorismo entre
los Estados miembros así como concretar los delitos relacionados con los grupos
terroristas para abarcar de forma más certera todas las conductas asociadas.
Obviamente estas modificaciones surgen con el fin de actualizar la normativa
respecto a las nuevas formas de terrorismo que engloban al fenómeno yihadista.
Algunas de estas novedades ya se habían recogido en nuestro ordenamiento
con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2015 de 30 de marzo, de reforma
del Código Penal, en la cual se configuran como delito determinadas actuaciones
que antes de la reforma no estaban tipificadas tales como el adiestramiento
militar y de forma expresa el auto adoctrinamiento.
La reforma del Código Penal, inspirada en la mencionada Decisión Marco
2002/475/JAI del Consejo de la Unión Europea, supuso una modificación del
capítulo VII del título XXII del libro II del CP «De las organizaciones y grupos
terroristas y de los delitos de terrorismo». Además, el legislador español se
adelanta notablemente al contenido de la Directiva (UE) 2017/541 del
5
Parlamento Europeo y del Consejo que, como se ha mencionado, pretende una
mayor aproximación en las definiciones que hacen los países de la Unión al
término terrorismo. Por ello, la cuando entra en vigor de la Ley Orgánica 1/2019,
de 20 de febrero («BOE.es—Documento BOE-A-2019-2363»), que sirve para
transponer la mencionada Directiva de la Unión Europea únicamente se limita a
introducir ligeros ajustes ya que nuestra legislación ya contemplaba las reformas
europeas.
En la actualidad, el delito de terrorismo queda definido en el artículo 573 del
Código Penal como la comisión de un delito grave (contra la vida o la integridad
física o moral, la libertad, la libertad sexual, el patrimonio, el medio ambiente, la
salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y
tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos y el
apoderamiento de medios de transporte) cuando se lleve a cabo con cualquiera
de las siguientes finalidades:

“Con este regalo explosivo reivindicamos cada centímetro cuadrado de tierra que
es arrebatada para dar paso al estúpido y pútrido progreso” (COMUNICADO DE
ITS, 2019).

Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente
el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras
económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a
realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

Alterar gravemente la paz pública.

Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización
internacional.

Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.
Por tanto, se puede observar claramente que es la finalidad en sí del acto la que
hace poder tipificar el delito grave, dentro de los tasados, como delito de
terrorismo. Sin esa finalidad ese mismo delito no sería considerado terrorismo.
Así ocurre, por ejemplo en la Sentencia núm. 458/2019 de la Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo. En esta sentencia mediática del conocido Caso Alsasua
los magistrados absuelven a los acusados del delito de terrorismo ya que “no
resulta probado que con las acciones descritas tuvieran la intención de subvertir
el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública o provocar el terror
en la gente o parte de la misma, en la localidad de Alsasua».
Centrándonos en esa intención que debe aparecer en los hechos cometidos,
habría que reseñar en este punto la conocida como “Operación Trócola”. En junio
de 2011, un total de 12 activistas fueron detenidos en distintas provincias de
España acusados de realizar liberaciones masivas de visiones en granjas
peleteras de Galicia. Cuando la noticia salió a la luz, varios informativos y medios
de prensa digitales recogieron que la Guardia Civil estaba llevando a cabo una
operación en la que estaban deteniendo a “eco-terroristas” (EITB, 2011; El
Mundo, 2011; Faro de Vigo, 2011; TVAnimalista, 2011). Es más que probable
que los medios se estuvieran haciendo eco de una nota de prensa enviada por
la Guardia Civil a lo que se sumaron las palabras manifestadas por José Antonio
Vázquez Taín, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago y
6
encargado de la investigación. Según la opinión del magistrado los activistas que
llevan a cabo estas iniciativas «causan terror», ya que algunas granjas se ven
obligadas a cerrar. De esas palabras acabaron surgiendo titulares en los que se
hablaba de “eco-terrorismo”. Si realmente nos encontráramos ante un acto “ecoterrorista”, desde el punto de vista de las finalidades antes definidas, los hechos
habrían sido distintos a los que se describían y en tal caso su investigación no
habría recaído en un Juzgado de Instrucción si no en un Juzgado Central de
Instrucción. En 2015, 4 años después de las detenciones de la Operación
Trócola, aún continuaban las acusaciones cruzadas de “eco-terroristas” entre
estos activistas y la industria peletera. Hubo comunicados, concentraciones,
entrevistas en medios extranjeros, documentales y finalmente todos fueron
absueltos por la Audiencia Provincial de A Coruña.
La aparición rápida de la palabra “eco-terroristas” en los medios y que esta tal
vez viniera de antemano de una nota de prensa de los propios investigadores,
sirvió a los activistas como argumento de que realmente, lo que se pretende, es
la criminalización del movimiento ecologista así como de los derechos inherentes
de los animales. Dentro del territorio español, la liberación de animales alóctonos
puede tratarse como un delito medio ambiental y de daños y únicamente
estaríamos ante un delito terrorista si se dieran las intenciones descritas de
conseguir determinados objetivos políticos por una vía ilegal. Además, desde el
punto de vista operativo policial, resulta contraproducente tratar de sobrecargar
los hechos imputables ya que esto puede llevar a sentencias absolutorias lo cual
al final redunda en cierto descrédito de la investigación policial. También puede
verse quebrada la confianza del sector judicial, y el subsecuente perjuicio de
investigaciones futuras. Las imputaciones policiales deben ceñirse sin adornos
a los hechos cometidos.
Distinto sería si habláramos de la legislación de Estados Unidos donde con la
aprobación de la Ley de Terrorismo de empresas de animales conocida como
AETA, “Animal Enterprise Terrorism Act”, («Text of S. 3880 (109th)», 2006). Con
esta ley, se pretende perseguir desde delitos menores como amenazas a
trabajadores de empresas de animales hasta daños económicos que pudieran
darse si se efectúa una suelta de animales o se accede a los recintos privados,
tratando todos ellos como actos terroristas. Por otro lado, la ley recalca que entre
las conductas castigadas no se incluye ninguna interrupción económica legal
(incluido un boicot legal) que resulte de una reacción pública o por la divulgación
de información sobre una empresa animal. Debido a esta ley muchos actos de
sabotaje y suelta de animales en los Estados Unidos son considerados delitos
de terrorismo y son penados severamente. A los que hay que sumar actos graves
cometidos con explosivos contra propiedades y contra las personas en nombre
del medio ambiente. Una muestra de ello es que en la actual lista del FBI de los
terroristas más buscados figura Daniel Andreas San Diego, con una de las
mayores recompensas por información aportada, el cual está acusado de causar
daños en edificios y otras propiedades con el uso de explosivos (FBI, 2020).
7
Otro ejemplo sería el de Therodore Kaczynski el cual presentó un gran desafío
para el FBI durante casi dos décadas. El conocido como “Unabomber” que con
sus bombas caseras mató a tres estadounidenses e hirió a 24 más era un
primitivista en contra del avance tecnológico y defensor de la vuelta a la
naturaleza del hombre (FBI, 1998). Fruto de esta y otras operaciones
relacionadas con ataques en defensa de la naturaleza se crearon secciones
concretas con agentes especialistas en las distintas agencias de seguridad de
Estados Unidos, como el FBI o la Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and
Explosives. Es tal la repercusión que tienen estas acciones en el país
norteamericano que, como se verá más adelante, se han creado comisiones de
investigación en el Congreso donde acuden los responsables de las distintas
agencias para informar a los responsables políticos sobre las distintas
organizaciones activas.
Como se puede ver no hay fuente normativa consensuada para determinar qué
se entiende por terrorismo, por lo que tampoco la hay para el término ecoterrorismo. Catalogar un hecho como tal dependerá del país y el momento. Por
ello y con el fin de poder acotar la búsqueda de información, en este trabajo se
entenderá por eco-terrorismo cualquier acción que pudiera ser catalogada de
delito terrorista según la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y cuya
reivindicación o motivación esté relacionada con el cambio climático, la ecología,
la liberación animal, la protección natural y demás circunstancias análogas.
Llegados a este punto también se deben mencionar otros términos de interés
relacionados con el medio ambiente, la crisis del cambio climático y la naturaleza:
 Terrorismo medioambiental: Consistiría en la destrucción de recursos
naturales por parte de grupos organizados para generar terror entre los
habitantes, asesinatos, daños en propiedades, caos y otros efectos
adversos para conseguir un beneficio político (Chalecki, 2002). En este
caso, el medio ambiente se convierte en objetivo del grupo terrorista para
de esta forma presionar al Estado y causar terror a su población.
 Eco-fascismo: Se relaciona con ideologías que interpretan que la
superpoblación mundial es la causante de la destrucción del planeta y
justifican la eliminación de una parte de la sociedad para mitigar el impacto
medioambiental (Potok, 2010). También serían consideradas ecofascistas las posturas tomadas por gobiernos que limiten las libertades de
los ciudadanos para la protección de medio ambiente. Un ejemplo sería
un caso futuro de crisis medioambiental en la que un gobierno tuviera que
tomar decisiones similares a las tomadas como consecuencia del COVID19 con fines ecologistas. De tal manera, se podrían limitar libertades para
mitigar un impacto ecológico ejerciendo el estado una cara autoritaria en
favor de la ecología.
Finalmente, reseñar que los hechos descritos en muchas ocasiones se
presentarán de tal forma que sea difícil para el investigador descartar la etiología
terrorista, por lo que deberán ser los Tribunales y el Ministerio Fiscal los que
8
realicen la calificación definitiva. Corresponderá, en todo caso, a la Comisaría
General de Información a nivel central, y a las distintas Brigadas Provinciales de
Información a nivel periférico, la investigación de los hechos así como “la
captación, recepción, tratamiento y desarrollo de la información de interés para
el orden y la seguridad pública [ ] así como su explotación o aprovechamiento
operativo” («BOE.es—Documento consolidado BOE-A-2018-10755», 2018). En
cuanto a la instrucción y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo, serán
competencia de la Audiencia Nacional a través de los Juzgados Centrales de
instrucción y la Sala de lo Penal.
9